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La Tiradera

Un blog de Enrique Bethencourt

Clavijo + Alonso: tres tebetos

Esta legislatura autonómica está siendo la de la poco disimulada resurrección del insularismo ático. No se trata exactamente de eso, porque aunque algunos lo daban por muerto, como en la canción, debía estar de prolongada parranda. Y, tras la resaca, ha regresado con renovadas fuerzas.

Nada es causal. Para ello ha sido clave una confluencia de intereses y de modos y maneras de entender la política y Canarias.

Las de un presidente del Gobierno que ya avisó desde la investidura de sus intenciones insularistas, ante el aplauso cómplice o el silencio de algunas fuerzas políticas y medios de comunicación. El que pretendió repartir los dineros de IGTE sobre la triple paridad, es decir, castigando a los habitantes de Tenerife y Gran Canaria, donde se dan los mayores niveles de pobreza y marginación.

Las de un titular del Cabildo Insular de Tenerife que ha mostrado sus deseos de afilarse a una ATI que, aparentemente, no existe; y que ha pretendido doblegar a la consejera de Obras Públicas responsabilizándole de todos los males de las carreteras de su isla, olvidando de qué partido han sido los anteriores responsables de esa cartera en el Ejecutivo y el que ha gobernado los últimos 30 años en Tenerife. Y que resulta que es el mismo: Coalición Canaria.

Pero ahora, superándose, dan un doble mortal con tirabuzón y doble pirueta, intentando meter una enorme mordida a las arcas públicas canarias.

Desaguisados ecológicos

En efecto, la ley emanada del Cabildo de Tenerife, sobre ordenación de los barrancos de Güímar y restauración de ese espacio, y trasladada al Parlamento de Canarias pretende que los desaguisados ecológicos cometidos por unos empresarios los paguemos el conjunto de ciudadanos y ciudadanas de Canarias vía presupuestos de la Comunidad Canaria. Cuando el Cabildo de Tenerife cuenta con instrumentos adecuados, un plan territorial, para rehabilitar la zona.

La restauración del disparate que enriqueció a unos cuantos empresarios nos costará a los hombres y mujeres de Canarias unos 360 millones de euros. Eso sin contar los derechos indemnizatorios si se deja sin concesiones mineras a aquellos que han cumplido; indemnizaciones que pueden superar los cientos de millones.

Los autores del destrozo, condenados en un juicio reciente, se frotan las manos. La ejecución de la sentencia podría paralizarse esperando a que se tramite esta proposición de ley. En el caso de Plasencia eludió la cárcel comprometiéndose a pagar 54 millones de euros.

Resulta curioso que, pese a los informes negativos de tres consejerías (Industria, Agricultura y Hacienda), el presidente Clavijo haya dado vía libre a su tramitación, “condicionando cualquier actuación a que de la misma no se derive perjuicio económico para la CAC”, lo que no deja de ser un presidencial chiste.

Avaricia

Y la cosa no tiene la menor gracia. Salvar con dinero público los errores cometidos por unos empresarios excesivamente avariciosos. Pegar un hachazo a las arcas públicas y que, encima, lo hagan los mismos que se niegan a subir sustancialmente los presupuestos para sanidad, educación o dependencia. Convertir al Gobierno canario en una franquicia del Cabildo de Tenerife. Confirmar los peores augurios sobre cómo entienden la gestión pública.

El presidente pudo y debió vetar esta ley.

No lo hizo.

Y el resultado es estremecedor. Clavijo + Alonso : tres tebetos.

 

—-Puede seguirme también en Twitter: @EnriqueBeth

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