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La Tiradera

Un blog de Enrique Bethencourt

Una grúa para Las Teresitas

Tras confirmar la sentencia sobre Miguel Zerolo, Coalición Canaria debería haber pedido, desde el minuto uno, público perdón por el caso de Las Teresitas. Por el daño causado a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. A sus arcas públicas. A su ciudadanía. A su imagen. También por el intento durante años de tapar el caso, con la colaboración de sus medios afines de ayer, como hoy hace con el Grúas, con los medios de ahora; algunos repiten, eso sí. Por la poco presentable huida al Senado de Zerolo como representante de la Comunidad Canaria. Por las arremetidas injustas, por tierra, mar y aire, hacia el denunciante.

A Santiago Pérez, denunciante del caso Las Teresitas, se le atacaba en los medios de comunicación, hasta en los espacios publicitarios. No es broma. Recuerdo tertulias televisivas en las que, fuera quien fuera el invitado, la inmensa mayoría de los periodistas empleaba el tiempo antes de comenzar el programa en denigrar al profesor y político lagunero, tratándole de desequilibrado, de haberse inventado una trama, de ser lo peor de la política tinerfeña, el que rompía la plácida modorra de la misma, la paz de los cementerios, la armonía que reinaba en las instituciones y en la calle. Mientras, paralelamente, alababan a Zerolo o González de manera casi, o no casi, indecente. Al juego se prestaban muchos dirigentes de CC y del PP, alguno del PSOE, como pude comprobar en varias ocasiones.

Y la verdadera trama se encontraba -además de en la más que irregular operación urbanística, en el asalto a los dineros y los recursos públicos por parte de un selecto grupo de políticos de Coalición, del sector más clasista y señoritil, y empresarios amigos o de cabecera, como prefieran denominarlos- en unos medios de comunicación silenciados y adulteradores de la realidad, que obligaron a los ciudadanos y las ciudadanas de Santa Cruz de Tenerife interesados en saber sobre el tema a informarse con prensa y radio alternativas a las habituales en su territorio.

Eran escasas excepciones los medios que se atrevían a informar sobre los entresijos de la operación de Las Teresitas. Parecido, lamentablemente, a lo que sucede hoy, con distintos protagonistas, con iguales intenciones: desinformar y engañar a la ciudadanía, salvar a la dirigencia de la vieja ATI. Con la mezcla de fuerzas de infantería pública, pagada por todos y todas, y la aviación privada, que tampoco sale gratis.

La condena del Tribunal Supremo pone fin a un proceso de largo recorrido en el tiempo y supone siete años de prisión para Miguel Zerolo, exalcalde Santa Cruz y ex senador por la Comunidad Canaria, y otros tantos para quien fuera su concejal de Urbanismo en la corporación santacrucera, Manuel Parejo. Y tampoco se libran, entre otros, los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, condenados cada uno con más de cinco años de cárcel. Así como el ex secretario de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes, (cuatro años y medio de prisión) y el exgerente de Urbanismo del ayuntamiento, José Tomás Martín González, otros cuatro.

Unas condenas por un delito de malversación de fondos públicos, en una operación en la que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife adquirió unas parcelas por 8.750 millones de las antiguas pesetas (unos 52 millones de euros), cuando la tasación de estos era muy inferior. Un pelotazo que benefició a unos pocos a costa del enorme perjuicio originado a Santa Cruz y sus habitantes.

Dialéctica

Santiago Pérez, en el momento de la denuncia secretario insular del PSOE, intentó inicialmente solventar el asunto mediante alegaciones ante la corporación santacrucera y, posteriormente, a través de un contencioso administrativo que un tribunal desestimó. Y, por eso, recurrió a la Fiscalía, lo que le convirtió en enemigo público número uno del régimen y le granjeó, asimismo, la incomprensión de miembros de su propio partido. Dice ahora que no le gusta que nadie pierda su libertad pero que actuó para defender los dineros públicos y la legalidad frente a quienes intentaron impedir que los graves hechos fueran investigados.

No soy un fan de Santiago Pérez, a quien conozco desde mis tiempos juveniles en la Universidad de La Laguna, a finales de los años setenta y principios de los ochenta del pasado siglo. Tuve intensas agarradas dialécticas con él en la etapa del pleito universitario en algunos debates radiofónicos; aunque a su favor he de decir que no hace mucho me reconocía que no estaba del todo satisfecho de lo que había defendido, con tanta pasión, entonces. Rectificar no es muy habitual.

No coincido tampoco con Pérez en su visión del Estado ni del papel en el mismo de las nacionalidades y regiones. Me resulta muy jacobino o al menos eso deduzco de la lectura de muchos de sus artículos y reflexiones en los medios. Tampoco comparto, en fin, que defienda proyectos políticos muy personalizados.

Pero creo que ha intentado siempre, con aciertos y errores, hacer de la política una defensa de los derechos de la ciudadanía y del recto proceder con los recursos públicos. Lo que ha pagado con creces, convertido en un enemigo de las fuerzas políticas, económicas y mediáticas de una sociedad plegada a poderes que se eternizan y que no admiten la discrepancia ni el control público de su actividad. En muchos momentos percibí auténtico odio hacia él. Así se las gastan. Así premian y castigan. A políticos, empresarios y, también, a su corte de periodistas.

Caciquismo

Han pasado casi dos décadas del arranque del caso de Las Teresitas y las cosas han cambiado, pero no tanto. Sin querer comparar los dos casos, Las Teresitas y el Grúas, distintos en su naturaleza, en la cantidad de dinero público (presuntamente en el segundo) dilapidado, pero muy parecidos en una forma de entender y ejercer el poder, caciquil, caprichoso, capaz de tomar decisiones pese a las advertencias contrarias de técnicos y funcionarios públicos. Sin pretender que terminen igual, eso corresponde a la Justicia, y en ella hay que confiar, son comportamientos de quienes creen que las instituciones son suyas y que están a su servicio.

El comportamiento de la armada mediática de CC, en prensa, radio y televisión, en medios privados y públicos, ha cambiado muy poco, con una más que entregada y obscena labor de blanqueo en unos casos, de ocultación de la realidad en otros. Y sin renunciar a atacar a la Fiscalía y presionar a la Justicia, como han hecho. Grave por lo que supone de degradación de la democracia en las Islas. Por ese dopado intento de evitar cualquier posibilidad de alternancia.

Muy grave, además, porque todas esas operaciones de maquillaje de las presuntas trapisondas del poder se pagan con dinero público.

El de usted. El mío. El de todos y todas.

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(Publicado por CANARIAS7 en su edición del domingo 31 de marzo de 2019)

Comentarios

Domingo Díaz Tejera. dice:

La lucidez te persigue, Enrique. Un abrazo.

latiradera dice:

Muchas gracias. Abrazos.

Herminia Fajardo Feo dice:

Muy bueno Enrique!

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